Es necesario un marco jurídico que brinde certeza a la labor
de los medios de servicio público coinciden directivos de medios de
comunicación y analistas nacionales y extranjeros, en la primera jornada del
Coloquio Internacional “Miguel Ángel Granados Chapa”: Legalidad, pluralidad y
democracia en los medios públicos.
Mexico, D.F.- ¿Los medios públicos han cumplido con el papel
que les corresponde en la promoción de la democracia? Con ese cuestionamiento,
el periodista y analista político Virgilio Caballero, comenzó la primera
jornada del Coloquio Internacional Miguel Ángel Granados Chapa cuyo tema de
reflexión fue: Los medios públicos y sus retos institucionales y jurídicos.
En la tertulia participaron Guillermo Mastrini, experto en
industrias culturales de Argentina y posgraduado en la Universidad Complutense
de Madrid; Ernesto Velázquez, Director General de TV UNAM; Rosa María Alfaro,
integrante del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú; Aleida
Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información,
AMEDI; y Ana Cecilia Terrazas Valdés, Directora General del Instituto Mexicano
de la Radio, IMER.
La directora general del IMER planteó que los medios
públicos en México gozan de cabal salud, pero tienen las defensas bajas debido
a la falta de regulación. Terrazas Valdés comentó que los estatutos, decretos y
códigos de ética, son por ahora, normas internas que blindan a los medios
públicos ante posibles tentaciones antidemocráticas de los gobernantes.
En contraste, el director de TV UNAM Ernesto Velázquez
planteó que en nuestro país "no existen medios públicos porque no están
contemplados en la legislación vigente, lo que tenemos son medios oficiales o
de gobierno porque desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó
la Ley Televisa en el 2007, no se ha legislado al respecto".
Por su parte, Aleida Calleja presidenta de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, sostuvo que en México existen
medios gubernamentales que hacen esfuerzos por ser medios públicos, pero se les
impide concretar tal aspiración, mediante la asignación discrecional de
presupuestos ligados a la voluntad de los gobiernos en turno.
La presidenta de la AMEDI puntualizó que los medios públicos
no son del gobierno, pero éste debe aportar recursos para su funcionamiento;
asimismo, sostuvo que en sentido estricto, la ciudadanía tampoco es dueña de
los medios públicos, pero debe tener cabida en ellos un esfuerzo claramente
democratizador.
En cuanto a las experiencias de otras naciones, Rosa María
Alfaro, presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú,
CONCORTV dijo que en esa nación sudamericana, la Ley de Medios fue promulgada
por impulso de una Iniciativa Legislativa Ciudadana respaldada con 85 mil
firmas de apoyo.
De ese debate surgió el Consejo Consultivo de Radio y
Televisión que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del
Perú, pero que está conformado por personalidades ajenas a dicho ministerio de
gobierno. Para Rosa María Alfaro, además de la legislación y de la vigilancia
ciudadana, otro aspecto que da certeza a la labor de los medios públicos, es la
creación de códigos de ética.
En la experiencia Argentina, en 2009 amplias mayorías
legislativas aprobaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; sin
embargo a tres años de distancia, Guillermo Mastrini aseguró que en su nación
aún resulta "arriesgado" hablar de medios públicos porque en los
hechos siguen siendo medios de propiedad estatal.
Para Mastrini, "la aprobación de la ley no democratiza
los medios por sí sola", el marco jurídico es un espacio de construcción
que debería ir acompañado en la práctica de políticas democráticas, de lo
contrario, los medios de estado siguen siendo la voz del gobierno.
La legislación Argentina reconoce tres tipos de actores que
son los medios de propiedad estatal, los medios privados sin fines de lucro y
los medios comerciales, lo cual les brinda certeza jurídica, pero no cambia
contenidos.
Por otro lado, en un paralelismo entre el caso de Televisa y
grupo empresarial El Clarín de Argentina, Guillermo Mastrini aseguró que
"sería imposible hacer una ley democrática sin lastimar los intereses de
los grandes consorcios de medios que se niegan a ceder espacios" y que
emprenden guerras de desinformación en las cuales, cualquier afectación a su
interés comercial, es denunciado como un ataque contra la libertad de
expresión.
En conclusión, los integrantes de la primera jornada del
Coloquio Internacional “Miguel Ángel Granados Chapa”: Legalidad, pluralidad y
democracia en los medios públicos, coincidieron que los medios de servicio
público en México gozan de muy poca certeza jurídica; por ello, es necesario
diseñar políticas públicas de largo aliento, terminar con la discrecionalidad
en la designación de directivos y la asignación de presupuestos, así como
garantizar la subsistencia de los medios independientemente del avance
tecnológico; a partir de esas certezas jurídicas, se podrá incorporar actores
ciudadanos, alfabetizar mediáticamente al conjunto de la sociedad y crear
verdaderos medios públicos de comunicación.
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