Santo Domingo, Rep Dom.- La directora de Defensa e Información de los Derechos de los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos, llamó a la población a reclamar los derechos que le otorga el sistema dominicano de pensiones y a que cuando fallezca un pariente afiliado, los beneficiarios se acerquen a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), a solicitar el beneficio por sobrevivencia.
Marmolejos informó que los familiares de personas fallecidas afiliadas al sistema de pensiones que acudan a la AFP en busca de los beneficios de este seguro, si no encuentran información puntual, acudan a las oficinas de la DIDA, ubicadas en las principales provincias del país, es decir, en Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Barahona, Azua y San Juan.
Dijo que familiares de afiliados fallecidos se acercaban a la DIDA a reclamar pensiones de discapacidad y sobrevivencia, pero desafortunadamente ya había expirado el plazo para reclamar que es de dos años.
Manifestó que la entidad no tenía esa información oportuna por no tener acceso a la base de datos del Sistema de manera abierta, y a la llegada del arquitecto Joaquín Gerónimo a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) esa situación se corregió, colocando en la página Web de la SIPEN , que todo afiliado que lo requiera pueda conocer en que AFP está, medida que permite, en caso de contingencia, también sus familiares sepan donde ir a reclamar.
“En la misma página los afiliados pueden verificar el calculo de la pensión que le corresponde”, dijo.
Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa conjunta con la Superintendecia de Pensiones (Sipen) y la Gerencia General del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), donde calificó de oportuna la ocasión y precisó que la DIDA tenía nueve años planteando la situación de desinformación que tienen las personas con derechos a obtener una pensión y es la primera vez que la dirección de la Superintendencia de Pensiones ha asumido este planteamiento como un plan de trabajo permanente y cotidiano para garantizar que a los beneficiarios del Seguro de Pensión se les respeten sus derechos.
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